DESCARGAR LEY 1760 DE 2015 SOBRE DETENCIÓN PREVENTIA, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
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Posteriormente se expidió la ley 1786 de 2016 que adicionó esta ley. Lo siguientes es el texto tomado de la página del senado.
LEY 1786 DE 2016
(julio 1o)
Diario Oficial No. 49.921 de 1 de julio de 2016
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Modifícase el artículo 1o de la Ley 1760 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 1o. Adiciónense dos parágrafos al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor:
PARÁGRAFO 1o. Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo 317
del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de
un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal
especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes
estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o
juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599
de 2000 (Código Penal), dicho término podrá prorrogarse, a solicitud
del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término
inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición
de la Fiscalía, de la defensa o del apoderado de la víctima podrá
sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se
trate, por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la
libertad de que trata el presente artículo.
En los casos susceptibles de prórroga, los jueces de control de
garantías, para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga
de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, deberán
considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308
del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya transcurrido por
causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del
interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se
contabilizará dentro del término máximo de la medida de aseguramiento
privativa de la libertad contemplado en este artículo.
PARÁGRAFO 2o. Las medidas de aseguramiento
privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las
solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no
privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el
cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
ARTÍCULO 2o. Modifícase el artículo 4o de la Ley 1760 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 4o. Modifícase el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:
Artículo 317. Causales de libertad.
Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos
tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo
establecido en el parágrafo 1o del artículo 307
del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la
libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y
solo procederá en los siguientes eventos:
1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada
que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se
haya absuelto al acusado.
2. Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad.
3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la
fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o
solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294.
5. <Numeral corregido mediante Fe de Erratas, el nuevo texto es el
siguiente:> Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a
partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya
dado inicio a la audiencia de juicio.
6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir
de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado
la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.
PARÁGRAFO 1o. Los términos dispuestos en
los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán por el
mismo término inicial, cuando el proceso se surta ante la justicia penal
especializada, o sean tres (3) o más los imputados o acusados, o se
trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la
Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).
PARÁGRAFO 2o. En los numerales 4 y 5 se
restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación
de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de
oportunidad.
PARÁGRAFO 3o. Cuando la audiencia de juicio
oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del
acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos
contenidos en los numerales 5 y 6 de este artículo, los días empleados
en ellas.
Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa
razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor,
ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se
iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar
en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el
legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317.
ARTÍCULO 3o. La prórroga del término máximo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad a la que hace referencia el artículo 1o
de la Ley 1760 de 2015 podrá solicitarse ante el Juez de Control de
Garantías dentro de los dos (2) meses anteriores a su vencimiento,
incluso desde antes de que dicho artículo entre en vigencia.
ARTÍCULO 4o. El Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo
Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, dentro del mes
siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán elaborar
el plan de acción que implementarán, en el plazo de un (1) año, con el
objetivo de definir la continuidad de las medidas de aseguramiento que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1o de la presente ley, sean susceptibles de prórroga.
El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá presentar cada tres
(3) meses un informe al Congreso de la República indicando el estado, el
avance y la gestión adelantada en dichos procesos. Dicho informe deberá
contener, al menos:
1. El estudio del número de personas que podrían adquirir el derecho a
reclamar la libertad por vencimiento de términos en razón y con ocasión
de las reformas introducidas por esta ley y por la Ley 1760.
2. La discriminación de esa población carcelaria por delitos, regiones, sexo, edad y centro carcelario.
3. El estudio del número de audiencias que deberían realizarse en el
plazo de un año para dar cumplimiento a los términos dispuestos en la
presente ley.
4. La discriminación de esas audiencias por tipo de audiencia, tipo
de juez que debe realizarla, circuito judicial, tipo de fiscal que debe
solicitarla o asistir a ella, seccional de la Fiscalía que tramita el
proceso y tipo de defensor (público o de confianza).
ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Los términos a los que hacen referencia el artículo 1o y el numeral 6 del artículo 2o
de la presente ley, respecto de procesos ante justicia penal
especializada, en los que sean tres (3) o más los acusados contra
quienes estuviere vigente la detención preventiva, o cuando se trate de
investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), entrarán a regir en un (1) año contado a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES.
EL Secretario General del honorable Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1o de julio de 2016.
La Ministra de Educación Nacional de la República de
Colombia, delegataria de funciones Presidenciales, mediante Decreto
número 1068 del 29 de junio de 2016,
GINA PARODY
El Ministro de Justicia y del Derecho,
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA.
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